• El general Alfredo Cuéllar, imputado por el delito de asesinato, en grado de tentativa (centro). (Foto: El Tiempo)
Publicada: viernes, 27 de noviembre de 2020 16:12

La Justicia de Bolivia decreta prisión domiciliaria bajo custodia policial para el militar acusado de asesinato en los hechos violentos del año pasado en Sacaba.

La juez Cautelar Primera de Sacaba (Cochabamba) determinó el jueves otorgar detención domiciliaria para el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Cuéllar, acusado de asesinato durante la matanza, ocurrida en noviembre de 2019 durante la intervención policial-militar contra una marcha de cocaleros que intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba en apoyo al depuesto presidente Evo Morales.

Cuéllar, detenido el martes, aseguró ante la Fiscalía de Sacaba que durante aquellos días sólo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto al mando, según el diario boliviano La Razón.

El auto del tribunal también le impone la prohibición de comunicarse con otros testigos e implicados en el caso, la obligación de acudir dos veces por semana a firmar a la sede de la Fiscalía de Sacaba y el pago de una fianza de 250 000 bolivianos (algo más de 36 000 dólares).

 

Cuéllar es el primer arrestado por estas masacres, ocurridas entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 como consecuencia de las protestas surgidas luego que la cúpula militar, conminó a Morales a renunciar en medio de protestas en las que la ultraderecha alegó fraude, sin presentar pruebas, en los comicios en los que el líder indígena ganó un cuarto mandato.

Los hechos de sangre ocurridos en Sacaba (centro-oeste) y Senkata (oeste) son investigadas paralelamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ha calificado esos incidentes como “masacres” que dejaron más de 25 fallecidos y un centenar de heridos.

 

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado que la violencia en el país andino durante las protestas de noviembre del año pasado constituye una violación de los derechos humanos. 

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