Las impopulares medidas adoptadas por presidente Javier Milei para limitar el derecho de protesta en Argentina se han multiplicado en vísperas de que la ciudadanía salga a las calles a manifestarse en contra del paquete neoliberal impuesto por el mandatario.
El denominado “protocolo de orden público” presentado la semana pasada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es considerado como una medida que criminaliza la protesta social y violenta los derechos constitucionales, de acuerdo a las denuncias de diversos sectores.
En ese escenario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país en términos de población, ha asegurado que no tiene contemplado aplicar las cuestionadas disposiciones del Ejecutivo central, que incluyen el uso de las fuerzas federales para despejar las vías y las calles que queden bloqueadas por los manifestantes.
“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, ha subrayado el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a radio La Red.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha confirmado que cada gobernador será “responsable por el acatamiento o no del protocolo”, y que en caso de que no lo haga, “deberá dar las explicaciones” pertinentes a sus ciudadanos.
Para este jueves está convocada la marcha en conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001, en la que movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda recordarán la gran crisis social y económica que afectó al país en ese período.
Las agrupaciones ratificaron que se movilizarán a pesar de las advertencias del gobierno de que no se corten las calles, no solo por el aniversario del estallido social de 2001, sino además para protestar contra las primeras medidas económicas de la gestión de Milei.
El paquete neoliberal aupado por el Ejecutivo incluye una devaluación de más del 50 por ciento del peso [moneda local] y la eliminación de subsidios al transporte y a la energía, medidas que han impactado con fuerza en la opinión pública.
Mientras, el “protocolo de orden público” incluye también la aplicación de acciones que contemplan hasta penas de prisión, el cobro de los gastos que suponga la intervención de las fuerzas de seguridad e incluso la eventual deportación, en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más importantes del país sudamericano, ha informado que denunció el protocolo ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia incluye más de 1700 firmas de organizaciones, sindicatos, organizaciones humanitarias y gremios, para “exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.
“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta”, ha advertido el CELS en un comunicado.
Agregó que contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
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