En una declaración conjunta leída ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) por el representante de Islandia en el organismo, Harald Aspelund, los firmantes piden la libertad de un grupo de activistas a favor de los derechos de las mujeres y otros defensores de los derechos humanos encarcelados en Arabia Saudí, en medio de denuncias de torturas.
“Estamos especialmente preocupados por el uso de la ley antiterrorista y otras normativas de seguridad nacional contra individuos que ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”, subraya el texto que lleva la firma de Islandia, 28 países de la Unión Europea (UE) más Australia, Canadá, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda y Noruega.
De acuerdo con los 36 países, “los defensores de los Derechos Humanos y los grupos de la sociedad civil pueden y deben jugar un papel vital en el proceso de reforma que el Reino está llevando a cabo”.
Estamos especialmente preocupados por el uso de la ley antiterrorista y otras normativas de seguridad nacional contra individuos que ejercen pacíficamente sus derechos y libertades” en Arabia Saudí, subraya un texto firmado por 36 países y leído ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.
Por eso, piden la liberación de diez activistas, como Loujain al Hathloul, Eman al Nafyan o Aziza al Yusef, detenidas en mayo del 2018, un mes antes de que Riad concediese el derecho a conducir a las mujeres. El miércoles, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, hizo la misma solicitud a las autoridades saudíes
Asimismo, exigen una investigación “rápida, profunda, imparcial y transparente” del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, en octubre pasado. Fuentes policiales turcas estiman que el periodista fue asesinado por orden directa del príncipe heredero saudí Muhamad bin Salman Al Saud, responsable también de la agresión militar a Yemen.
Cierran el documento, con un llamado a las autoridades saudíes a que “den pasos significativos para garantizar que todos los miembros de la población, incluidos los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas, puedan ejercer de forma libre y completa sus derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación, también a través de Internet, sin temor a represalias”.
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