En una entrevista concedida la semana pasada a la televisión Euronews, difundida el lunes por medios informativos, Al-Yubeir además consideró que este grupo ultraviolento supone una “colección de criminales, sicópatas y pervertidos”.
El jefe de la Diplomacia saudí aseguró que su país está en “frente” de la lucha contra el extremismo y terrorismo no solo en la región sino en el mundo, por eso, añadió, es blanco de los ataques terroristas de Daesh.
¿Por qué debemos apoyar una ideología, cuyo objetivo es matarnos? Somos blanco de los extremistas (…) Es ridículo que alguien diga que Arabia Saudí está financiando el extremismo”, señaló el canciller saudí, Adel al-Yubeir.
“¿Por qué debemos apoyar una ideología, cuyo objetivo es matarnos? Somos blanco de los extremistas (…) Es ridículo que alguien diga que Arabia Saudí está financiando el extremismo”, señaló el canciller saudí.
Las declaraciones de Al-Yubeir se produjeron después de que el comité de asuntos exteriores de la Cámara de Comunes del Reino Unidos indicara que Riad debe preocuparse de que Al Saud no está financiando en secreto a este grupo terrorista.
Cabe recordar que el pasado 11 de junio, la Cancillería iraquí pidió a Riad explicaciones sobre el apoyo financiero que brinda algunos grupos saudíes al grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe).
Distintos informes ponen de relieve que Riad provee de apoyo logístico y militar a Daesh en el Oriente Medio y financia en Siria a grupos extremistas, como el Frente Al-Nusra, afiliado sirio de Al-Qaeda.
En otro momento de sus declaraciones, Al-Yubeir también justificó la agresión saudí a Yemen. Resaltó que Riad había estado vigilando como el movimiento popular yemení Ansarolá estaba “usurpando” paulatinamente su propio país “durante los últimos siete, ocho, nueve años (...) Nadie quería hacerles frente, así que nosotros tuvimos que hacerlo”, reseñó Al-Yuberi.
Desde el inicio de su campaña de ataques aéreos contra Yemen en marzo de 2015, el régimen de Riad ha utilizado en varias ocasiones municiones y bombas de racimo contra civiles e infraestructuras del país, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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