“El acuerdo de paz alcanzado, que celebramos, no tendrá ninguna incidencia en el caso que se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El caso sigue su curso y ahora debe llegar a la etapa en que Israel debe responder a nuestras alegaciones presentadas ante el tribunal, y debe hacerlo antes de enero del próximo año”, subrayó el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el Consejo Nacional de Provincias en el Parlamento, en Ciudad del Cabo.
Al dar la bienvenida a la primera fase de paz propuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que incluye el alto el fuego y la liberación de retenidos israelíes y prisioneros palestinos, Ramaphosa aseveró que, al final, se debe lograr una justicia real para el pueblo de Palestina.
No podemos seguir adelante sin la sanación que debe producirse, la cual permitirá que el caso iniciado sea escuchado adecuadamente, apostilló.
Ramaphosa afirmó que Sudáfrica no puede obligar a la corte a acelerar su fallo, aun cuando Israel sigue violando varias de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ.
Sin embargo, enfatizó que su país está realizando esfuerzos internacionales para poner fin a las acciones ilegales de Israel en Gaza y garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas contra los palestinos. El Gobierno de Sudáfrica mantiene su firme compromiso de utilizar todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger al pueblo de Palestina y defender el estado de derecho, agregó.
“Estos procesos se están llevando a cabo en las Naciones Unidas a través del Grupo de La Haya, un bloque global de estados comprometidos a defender el derecho internacional y actuar en solidaridad con el pueblo de Palestina”, apostilló.
Al expresar su apoyo al pueblo palestino, el mandatario sudafricano reafirmó su compromiso de proteger a la población palestina y defender el estado de derecho mediante todas las vías legales y diplomáticas disponibles.
En diciembre de 2023, Sudáfrica solicitó a la CIJ una orden judicial que obligara a Israel a cesar sus ataques contra Palestina y a declarar esos actos como genocidio. En enero y marzo de 2024, el tribunal dictó medidas provisionales, ordenando a Israel garantizar el suministro inmediato de alimentos básicos en Gaza.
En octubre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra el premier israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
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