En una reunión mantenida el sábado con el embajador sueco en Teherán (capital persa), Mattias Lentz, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, exigió que Suecia permitiera a Nuri ejercer sus “derechos básicos”, como tener acceso a asistencia médica y mantener comunicación telefónica con su familia, según informaron el domingo medios locales.
El jefe de la Diplomacia persa calificó el juicio y la condena de Nuri de “ilegales e inaceptables”, pues instó a que se revocara por completo la condena en contra del ciudadano iraní y se le liberase de inmediato.
Por su parte, el diplomático sueco se comprometió a informar a su respectivo Gobierno de la situación de Nuri, un exfuncionario iraní, acusado de estar implicado en la “ejecución y tortura” de miembros del grupúsculo terrorista Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) en 1988.
Lentz también sostuvo que la política de su país se inclina por continuar las consultas entre Teherán y Estocolmo con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales.
Nuri, de 61 años, fue arrestado tras su arribo al aeropuerto de Estocolmo (capital de Suecia) en noviembre de 2019 y desde entonces no ha podido ver a su familia.
El pasado mes de julio, el Tribunal de Distrito de Estocolmo condenó a cadena perpetua a Hamid Nuri. Los cargos se derivan de las acusaciones formuladas en su contra por miembros del MKO, las cuales han sido rechazadas categóricamente por la República Islámica.
El Gobierno iraní ha exigido una y otra vez la inmediata liberación de su ciudadano, tras considerar una “farsa” y una violación del derecho internacional su arresto.
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