“Desafortunadamente, la medida forma parte de los planes de Estados Unidos, Arabia Saudí y el régimen sionista (de Israel) para politizar los mecanismos internacionales. Dada su influencia en estos mecanismos, están tratando de politizarlos”, ha indicado este viernes el portavoz de la Cancillería de Irán, Seyed Abás Musavi.
Las declaraciones del funcionario iraní se han producido después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) haya anunciado la inclusión de Irán en su lista negra por no ratificar la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional y la Convención de la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
Musavi, no obstante, ha lamentado esta “injusta” decisión, a pesar de que Irán haya estado implementando durante los dos últimos años todas las leyes y normas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Además, ha reprochado que la iniciativa se persiga en momentos en que Arabia Saudí, “como el banco central del terrorismo” y el régimen israelí, “como estado terrorista”, estén brindando el mayor apoyo a los grupos y organizaciones terroristas en todo el mundo.
El citado ente anunció por primera vez en junio del 2016 la suspensión de sus contramedidas contra Irán, después de que el país adoptara una disposición para ajustar sus políticas contra el lavado de dinero y un año después de la firma del acuerdo nuclear, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), alcanzado con el entonces Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania).
Teniendo en cuenta los pasos positivos de Teherán, el GAFI decidió en varias ocasiones prolongar la congelación de las medidas punitivas contra Irán, pero emitió una fecha límite para que el país implementara sus estándares a fin de eliminarlo de las listas negras de inversión.
De los cuatro proyectos de ley requeridos por el GAFI, Irán aceptó dos, pero ha argumentado que los otros, entre ellos, la Convención de la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT), podrían ser mal utilizados por ciertos Gobiernos, como EE.UU., para presionar políticamente al país persa.
Para abordar el problema, Irán ha implementado una ley nacional contra el lavado de dinero como parte de sus esfuerzos hacia la transparencia financiera, asimismo, ha estado combatiendo el financiamiento del terrorismo. Los analistas creen que los problemas técnicos han impedido que el CFT se convierta en una legislación, en lugar de un concepto relacionado con el financiamiento antiterrorista.
Los defensores iraníes de este proyecto argumentan que la medida allanaría el camino para el aumento de las transacciones financieras de Irán con el resto del mundo y ayudaría a eliminar al país de las listas negras en cuanto al tema de la inversión.
Sin embargo, los opositores dicen que la membrecía en el GAFI solo hará que el país sea vulnerable ante cualquier intromisión externa. Afirman que la implementación por parte de Irán de los estándares de dicho plan, hasta el momento, no solo no ha logrado atraer inversiones, sino que ha expuesto a varias instituciones a regulaciones y sanciones extraterritoriales.
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