Una comitiva, en representación de los 252 migrantes venezolanos retornados a su patria luego de haber sido detenidos en una megaprisión en El Salvador a solicitud del Gobierno estadounidense, exigieron el viernes se aplique el fallo emitido días antes por un juez federal en Washington.
El juez dio el lunes un plazo de dos semanas al Gobierno estadounidense para garantizar una audiencia justa, con apego a derecho y bajo estándares internacionales de protección de derechos humanos o la devolución de los migrantes a Estados Unidos. Además,
El fallo abre un camino para que los hombres impugnen la acusación del gobierno de Donald Trump de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que están sujetos a deportación bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Según el testimonio del grupo, en un comunicado, la decisión judicial “reafirma el principio de que ningún Gobierno, independientemente de su procedencia, está por encima del derecho internacional ni del debido proceso” y “sienta un precedente para la protección de quienes abandonan sus hogares por necesidades económicas, vulnerabilidad o persecución”.
Los migrantes destacaron en su nota que el Gobierno de Venezuela intervino ante organismos internacionales y que esta acción permitió denunciar lo ocurrido durante los meses de cautiverio en El Salvador, en el que, aseguran, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas. “Esperamos que esta decisión marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y de millones de inmigrantes en el mundo”, expresaron.
Además, los migrantes hicieron un llamado al Gobierno de El Salvador para que coopere con la justicia internacional y se investigue lo ocurrido durante la retención.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sus políticas xenófobas hacia los migrantes han generado deportaciones masivas hacia cárceles en Guantánamo, en Cuba, y en El Salvador. Asimismo, han sido enviados hacia México o sus países de origen, en flagrante violación del derecho internacional.
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