“Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de EE.UU. contra Venezuela [...] en clara transgresión de las normas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados”, denunció el martes el Gobierno venezolano en un comunicado.
La nota, dada a conocer por el ministro venezolano de Comunicación, Freddy Ñañez, se opone a un dictamen emitido el lunes por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que permite la subasta de los activos de la empresa refinadora Citgo Petroleum Corporation (Citgo), un filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para indemnizar a los acreedores, que demandan a la empresa más de 20 000 millones de dólares.
En 2019, Estados Unidos dio el control de la empresa a la llamada Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora elegida en 2015, y liderada entonces por el líder opositor golpista Juan Guaidó, y sigue apoyándola como única institución “legítima”, pese a que su mandato terminó en 2021.
Mediante el comunicado, el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsabilizó al Parlamento opositor paralelo que “sesiona” de forma virtual en el extranjero, de provocar un “grave perjuicio” al patrimonio del país.
El fallo, conforme el texto, confirma el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal del grupo de delincuencia organizada autodenominado “Asamblea Nacional de 2015”.
Denunció que las medidas llevadas a cabo por dicho Parlamento, entre ellos sus intentos de usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero, impidieron que el Gobierno de Maduro ejerza las acciones necesarias para proteger Citgo dentro del territorio estadounidense.
En esta línea, dijo que el “vulgar despojo” de Citgo vulnera flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados entre el gobierno y la derecha, mediados por Noruega, para realizar elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con observación internacional.
El Ejecutivo venezolano ratificó que continuará exigiendo a la Justicia del país establecer las sanciones que correspondan contra los responsables del robo de este activo de gran importancia el pueblo y que tomará tomas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo definitivo de la empresa.
Venezuela denunció anteriormente ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas la confiscación de Citgo por parte del país norteamericano. El Gobierno de Maduro ha asegurado que seguirá la batalla por recuperar los bienes robados a la nación sudamericana en el mundo, incluido en EE.UU.
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