• Periodistas y activistas mexicanos denuncian el presunto espionaje del Gobierno de Enrique Peña Nieto, 19 de junio de 2017.
Publicada: sábado, 24 de junio de 2017 14:20
Actualizada: sábado, 24 de junio de 2017 18:44

La representante de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores Martínez, califica de ‘intimidatorio’ el espionaje gubernamental a periodistas del país.

Para Balbina Flores Martínez, representante en México de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), las denuncias de que el Gobierno mexicano estaría utilizando un software de fabricación israelí para espiar a periodistas, abogados y activistas van más allá de “un atentado a la libertad de expresión”.

Las víctimas recibieron mensajes en sus celulares con un programa para instalar un malware. El escándalo salió a la luz tras un reportaje del diario The New York Times el pasado 19 de junio. Flores Martínez recordó que ese mismo día periodistas presentaron una demanda judicial. “No se había tenido un antecedente como este”, remarcó.

Flores Martínez también destacó el carácter “intimidatorio” de este tipo de atentado contra la libertad de expresión y urgió sobre la necesidad de “investigar de forma inmediata” y penalizar a los responsables de tales acciones.

Pasados tres días de las repercusiones en la prensa mexicana e internacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones de que su Gobierno estuviera espiando a los periodistas y activistas afectados por los mensajes sospechosos.

 

RSF también hace seguimiento de la violencia a la que los trabajadores de la prensa están expuestos en México. De acuerdo con la organización, desde el año 2000, 126 profesionales fueron asesinados y 21 están desaparecidos hasta la fecha a raíz de sus labores, “una situación alarmante”, afirma su representante.

Por su parte, Peña Nieto, que pidió a la Fiscalía investigue el presunto espionaje a activistas y periodistas, abogó por que la ley caiga sobre los que, a su juicio, hicieron “falsos señalamientos” contra el Gobierno de México.

Este pronunciamiento ha generado preocupación en varias oenegés, que señalan que Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia.

Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, “se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas”, señalan las organizaciones en un comunicado conjunto.

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