La apertura de la investigación por enriquecimiento ilícito fue confirmada por el fiscal general adjunto. La sospecha se da sobre las cuentas de Javier Díaz Verón, quien ejerce el cargo de Fiscal General desde el año 2012. Según denuncias, hay varias irregularidades en su patrimonio. Los investigadores ya solicitaron varios informes.
La apertura de la investigación se da en medio de una tormenta política por un escándalo de filtración de audios. Los materiales evidencian conversaciones entre fiscales y funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Referentes políticos opositores temen que las investigaciones no avancen rápidamente.
La apertura de esta investigación se considera histórica, ya que el propio Ministerio Público investiga a su máxima autoridad. La falta de garantías de independencia del Poder Judicial ya fue denunciada incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El fiscal general y su esposa cuentan con estabelecimientos ganaderos con animales de pura raza. La pena prevista para enriquecimiento ilícito es de hasta 10 años de cárcel, con un mínimo de seis meses.
Juan Cáceres Troche, Asunción.
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