Una ONG ha demostrado ahora que el texto fue derogado en 1928 por el Parlamento y pide su anulación definitiva.
El Instituto del Cairo para el Estudio de los Derechos Humanos resolvió seguirle el rastro a la ley coercitiva del derecho de reunión en Egipto. A sus investigadores les llamaba la atención que siguiese en vigor un decreto tan pasmosamente restrictivo que databa de la era colonial. Buceando en archivos históricos dieron con un hallazgo inesperado.
Esta información, que se ha mantenido oculta a los ojos de la opinión pública, implica que miles de manifestantes han sido juzgados en Egipto bajo una ley inexistente.
El texto derogado hace 89 años autoriza el arresto de participantes en concentraciones de 5 personas o más si ésta es considerada una amenaza para la seguridad nacional. En una de sus disposiciones más controvertidas, permite que todos los concurrentes a una manifestación sean juzgados por crímenes cometidos por una sola persona.
Aunque el Parlamento derogó la ley coercitiva del derecho de reunión en 1928 el dictamen nunca llegó a publicarse en la Gaceta Oficial del Estado. Un grupo de políticos, sindicalistas y activistas de derechos humanos ha interpuesto una demanda para que el Gobierno de este último paso e invalide definitivamente el texto.
El destino de la ley lo decidirá La Alta Corte Administrativa. Los demandantes confían en la imparcialidad de un tribunal que ha contrariado al Gobierno con sentencias como la que certificaba el carácter egipcio y no saudí de las Islas de Tirán y Sanafir.
Rocío López, El Cairo.
kmd/rba
