La audiencia estuvo presidida por el juez Mayid Hoseinzade y contó con la participación de Hasán Abdolianpur, director del Centro de Abogados, Peritos Oficiales y Asesores Familiares del Poder Judicial, así como de los demandantes y sus abogados.
El caso involucra a 352 983 ciudadanos iraníes, quienes han presentado más de 110 demandas por daños materiales y morales derivados de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán durante la guerra de 12 días y de las acciones posteriores de ambos países.
Los demandantes reclaman una indemnización al gobierno estadounidense, a altos funcionarios israelíes y a otras personas físicas y jurídicas vinculadas con los actos de agresión. Las demandas también buscan sancionar a los responsables y establecer un elemento disuasorio para evitar que se repitan actos de esta naturaleza.
En junio de 2025, el régimen de Israel, con la participación de Estados Unidos, lanzó la primera ronda de agresión contra Irán, atacando tres instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Natanz e Isfahán. La guerra, que se prolongó durante 12 días, fue respondida por Irán con una contundente respuesta militar.
Al inicio de la audiencia, Hoseinzade señaló que los demandantes habían presentado sus casos por “los daños, perjuicios y pérdidas morales derivados de la agresión contra el territorio de la República Islámica de Irán durante la guerra de agresión de 12 días y sus acciones posteriores”.
El juez afirmó que el derecho a buscar justicia constituye “un derecho cierto, fundamental e inalienable” de todos los iraníes.
Hoseinzade citó varias leyes iraníes como fundamento jurídico para que los tribunales nacionales puedan conocer de estos casos. Explicó que el artículo 1 de la Ley sobre la Jurisdicción de los Tribunales de la República Islámica de Irán para conocer de demandas civiles contra Estados extranjeros permite a los tribunales iraníes ejercer jurisdicción sobre la base del principio de reciprocidad, debido a las reiteradas violaciones de la inmunidad judicial del Gobierno y los funcionarios iraníes por parte de tribunales estadounidenses.
Según Hoseinzade, las disposiciones de la ley de 2016 que obliga al Gobierno a reclamar una indemnización por los daños derivados de las acciones y crímenes de Estados Unidos, así como la ley de 1989 sobre el fortalecimiento de las medidas de represalia contra las acciones terroristas estadounidenses, obligan al Poder Judicial a defender los derechos de los iraníes perjudicados por las acciones de Estados Unidos en la región.
Asimismo, se refirió a la Ley de Responsabilidad Civil, señalando que esta contempla demandas para reclamar indemnizaciones por daños morales derivados de actos de agresión contra la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán.
El juez añadió que, en virtud de una ley de 2017 relativa a las violaciones de los derechos humanos y las acciones aventureras y terroristas de Estados Unidos en la región, las instituciones militares y de inteligencia estadounidenses son consideradas entidades terroristas y los ataques quedan comprendidos en las disposiciones correspondientes.
Hoseinzade señaló que la cuestión central que debe examinar el tribunal es la violación de la integridad territorial y la soberanía de Irán durante la guerra de 12 días, así como las posteriores acciones ilegales de Israel y Estados Unidos, y agregó que los detalles y documentos probatorios han quedado formalmente registrados en las actuaciones judiciales.
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