En un comunicado emitido este sábado, Amnistía Internacional (Al) ha verificado “episodios” de “uso excesivo e innecesario” de la fuerza por parte de la Policía Nacional peruana en las manifestaciones habidas en el país en rechazo al Gobierno de Manuel Merino, que asumió la Presidencia después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra.
“Los vídeos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, acusa Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo pro derechos humanos.
Tras advertir que en algunos casos los agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional y las hirieron, Amnistía insiste en que tales acciones violan los estándares internacionales de los derechos humanos.
Demanda, por tanto, que las autoridades peruanas dejen de reprimir a los manifestantes, garanticen el derecho a la protesta pacífica e investiguen “de manera pronta, exhaustiva e imparcial” todas las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas, particularmente aquellas cometidas por las fuerzas de seguridad.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes su preocupación por “el uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes y llamó al Estado peruano “a abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones indiscriminadas”.
“Según la información recibida, la Policía habría utilizado gases lacrimógenos y perdigones de forma masiva contra manifestantes y periodistas. Esto contraviene los estándares de la CIDH sobre el derecho a la protesta”, recordó la CIDH, a través de su cuenta en la red social Twitter.
El Congreso de Perú destituyó el lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, debido al juicio político que existe contra el mandatario por acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014). Tal situación ha generado una crisis política en el país suramericano.
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