Las denuncias de abuso en el uso de la fuerza policial entre los días 20 y 29 de junio tras el decreto de estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro se hicieron públicas esta semana por parte un equipo conformado por abogados, activistas, miembros de la Alianza del Pueblo Unido por la Vida y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá.
El informe habla de unas 311 personas detenidas de manera arbitraria, de las que 102 aceptaron ofrecer testimonio de los abusos, entre los que habría 22 personas torturadas y 18 heridas con arma letal.
De ellos, una amplia mayoría de casi el 90% según los investigadores, eran indígenas.
La investigación, que también ha sido presentada ante instancias internacionales, incluye otros casos de desapariciones temporales o denuncias por la interrupción general del servicio de telecomunicaciones e internet.
John Alonso, Ciudad de Panamá
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