Tras la aprobación, algunas semanas atrás, del proyecto de Ley 355 que reglamenta el Régimen para el Establecimiento y Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios en Panamá, algunos analistas locales advierten que la iniciativa va en contravía de la realidad comercial global.
Esta legislación establece algunos beneficios tributarios para las trasnacionales que se logren instalar, como la exención en el pago de impuestos por los primeros 5 años, en un país donde las fallas en la recaudación fiscal también se encuentran entre los parámetros que mantienen con índices elevados de desigualdad a su población.
Este nuevo régimen, también conocido como EMMA, se vislumbra como un intento por perpetuar el modelo transitista en el país centroamericano sin profundizar en la dinamización de la economía local, a pesar de que desde organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) vienen anunciando hace años que las tasas de crecimiento del comercio exterior se han reducido prácticamente a la mitad.
Según esta mirada, priorizar este tipo de iniciativas es promover la dependencia de la inversión internacional, mientras los trabajadores y otros sectores proponen cambiar la mirada hacia el desarrollo tecnológico y la industria local, para adquirir la independencia y generar a futuro un cambio sostenible.
John Alonso, la Ciudad de Panamá.
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