En un informe, el organismo cita el ejemplo de Alfei Menashe, un asentamiento ilegal en la ocupada Cisjordania, y precisa que el banco Leumi —el primer banco internacional israelí— se está asociando al constructor de las obras en ese sitio mediante los llamados “acuerdos de acompañamiento”, utilizados en proyectos de construcción israelíes para proteger las inversiones de los compradores.
A continuación explica que los bancos del régimen israelí a menudo participan en acuerdos de este tipo, que van más allá de la mera financiación y crean asociaciones estrechas con los constructores con la intención de ampliar los asentamientos en tierras confiscadas a los palestinos.
“La participación de los bancos en estas transacciones puede equivaler al pillaje, es decir, apoderarse de la propiedad privada en situaciones de conflicto en violación de las leyes de la guerra”, añade el informe.
La participación de los bancos en estas transacciones puede equivaler al pillaje, es decir, apoderarse de la propiedad privada en situaciones de conflicto en violación de las leyes de la guerra”, denuncia la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Al mismo tiempo, denuncia que la transferencia de ciudadanos israelíes a esos asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos “es un crimen de guerra según el Cuarto Convenio de Ginebra y según la Corte Penal Internacional (CPI)”.
La mayoría de los países y organizaciones internacionales consideran ilegales los asentamientos que Israel construye en los territorios ocupados desde la guerra de 1967. Sin embargo, el régimen de Tel Aviv hace caso omiso a las denuncias de la comunidad internacional y sigue insistiendo en su plan de expansión en Cisjordania.
Recientemente, el régimen de Tel Aviv ha decidido construir un total de 1958 nuevas viviendas de colonos en la región oriental de Palestina. La Unión Europa (UE) ha llamado a Israel a cancelar su plan y ha calificado ese proyecto de “ilegal de acuerdo con el derecho internacional”.
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