La denuncia —presentada ante la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Palestina y el régimen de Tel Aviv— acusa a Israel de aplicar políticas y prácticas que tienen “el objetivo común de desplazar y reemplazar al pueblo palestino, para el propósito de mantener una ocupación colonial”.
Las violaciones en los territorios palestinos ocupados, como Cisjordania, la Franja de Gaza y Al-Quds (Jerusalén), han intentado mantener “una mayoría demográfica judía en la totalidad de la Palestina histórica”, según el documento de 350 páginas, al que ha tenido acceso este lunes el diario británico The Guardian.
El recurso también denuncia que las medidas que adopta el régimen de Israel en los territorios palestinos ocupados no solo son discriminatorias, sino que “privan gravemente a los palestinos de sus derechos fundamentales”.
Está claro que los actos de Israel son parte de un régimen generalizado y opresivo que está institucionalizado y es sistemático, eso concede un trato separado y desigual a los palestinos”, según la queja presentada por el embajador de Palestina ante la ONU en Ginebra (Suiza), Ibrahim Khraishi, contra Israel por racismo.
Además, afirma que los palestinos tienen una libertad de movimiento muy limitada en comparación con los colonos israelíes y están sujetos a “confiscación” de sus tierras, incluyendo la demolición de sus viviendas.
Del mismo modo, apostilla que Israel ha violado el artículo 3 de la Convención, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. “Está claro que los actos de Israel son parte de un régimen generalizado y opresivo que está institucionalizado y es sistemático, eso concede un trato separado y desigual a los palestinos”, agrega para después pedir el desmantelamiento de todos los asentamientos israelíes existentes.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, un cuerpo integrado por 18 expertos independientes y que supervisa la aplicación de la citada Convención, ahora, tendrá que analizar la queja de los palestinos.
El mecanismo de la Convención hará que el régimen israelí tenga que presentar en el plazo de tres meses sus observaciones a la queja palestina, y en el caso de que proceda, las medidas que adoptó para remediar la situación.
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