Así lo ha afirmado este domingo el dignatario turco, al proclamar su ajustada victoria (confirmada oficialmente) en el referéndum presidencialista que le otorga más poderes, ante miles de sus partidarios congregados en Estambul, que gritaban “pena de muerte”.
Si la oposición apoya el retorno de la pena capital, “entonces yo aprobaré” esta medida, si no la ratifica, “entonces organizaremos un nuevo referéndum” sobre la cuestión, ha indicado.
Desde 1984, en Turquía no se ha registrado ejecuciones, pero tras el fallido golpe de Estado de julio pasado, se ha incrementado el respaldo a favor de la pena de muerte.
La Unión Europea (UE) ha advertido de que si Turquía introduce la pena de muerte daría por terminado el proceso de adhesión del país al bloque, ya que vulneraría una de las condiciones para ser miembro.
Erdogan también ha asegurado este domingo que el referendo será "un punto de inflexión" en las relaciones con la UE y criticó al bloque comunitario por hacer esperar a Turquía durante 54 años a las puertas del club europeo.
Mientras los partidarios del oficialismo celebraban el triunfo, las formaciones de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco) y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, en kurdo), han denunciado graves problemas de manipulación en el plebiscito, pidiendo el recuento del 60 % de las papeletas de la votación.
El triunfo supone un cambio del actual modelo parlamentario a uno presidencialista, que concentraría todo el poder en manos del actual presidente, algo no visto en ningún gobierno en la historia moderna del país.
La reforma entrará en vigor en 2019 y abriría la puerta a que Erdogan, pudiera ser presidente con amplios poderes hasta el año 2029 o, incluso, hasta el 2034, con la autoridad para disolver el Parlamento.
Los opositores sostienen que la reforma puede constituir una deriva autoritaria. Entre otras implicaciones, supondrá que se elimine el cargo de primer ministro, cuyos poderes pasan al presidente, que se convierte en Jefe de Estado y de Gobierno, designaría jueces, ministros y altos funcionarios sin necesidad de consulta al Parlamento, y los titulares de las carteras no podrán ser tumbados por una moción de censura.
Mientras tanto, los partidarios consideran necesaria la reforma para obtener una mayor estabilidad e impulsar el crecimiento económico y la seguridad.
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