“No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón”, ha declarado este jueves Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa.
La mandataria ha asegurado que su Gobierno ha expresado su inconformidad a Washington y ha señalado que la prioridad es acelerar el retorno y brindar atención a los mexicanos deportados.
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, ha explicado que la protesta mexicana ha sido transmitida a Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación.
Según Salomón, ambos Gobiernos mantienen conversaciones para evitar que continúe el traslado de mexicanos deportados hacia países centroamericanos.
El funcionario ha precisado que México tiene registros de unos 2900 connacionales enviados a Guatemala y Honduras, además de otros 20 trasladados a Costa Rica. No ha detallado cuántos de los primeros correspondieron a cada país.
Salomón ha dejado claro que, cuando las autoridades mexicanas tienen conocimiento de estos traslados, la Cancillería activa a los consulados para contactar con los deportados y coordinar su regreso a México.
Además, Sheinbaum ha señalado que México mantiene acuerdos con Guatemala, Honduras y Costa Rica, mientras sus consulados permanecen atentos para asistir a los connacionales a su llegada.
“En el momento en que llegan los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan venir de inmediato a México”, ha declarado la presidenta.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha puesto en marcha una de las campañas de control migratorio más duras de las últimas décadas, combinando deportaciones masivas, restricciones de visado y un mayor uso de mecanismos de expulsión hacia terceros países.
Washington ha ampliado acuerdos con varios países para recibir a deportados procedentes de terceros países. En 2026, Estados Unidos comenzó a enviar de forma sistemática a ciudadanos mexicanos deportados hacia países centroamericanos, en lugar de repatriarlos directamente a México.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por esta nueva práctica, al advertir que el traslado de migrantes mexicanos a terceros países puede exponerlos a situaciones de vulnerabilidad. Human Rights First y Refugees International han señalado que estas deportaciones podrían poner en peligro a personas que solicitaron asilo en Estados Unidos o que disponen de escasos recursos para desenvolverse en un país desconocido.
Savitri Arvey, directora de Investigación y Análisis sobre Derechos de Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First, considera que esta estrategia parece estar siendo utilizada por la Administración de Trump para ejercer presión sobre el Gobierno mexicano y disuadir a los ciudadanos mexicanos de intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
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