El Gobierno de México habla del inicio de un proceso contra la empresa de seguridad encargada de estancia del Instituto Nacional de Migración por irregularidades en su funcionamiento y por su actuación durante el suceso.
Las autoridades mexicanas siguen las pesquisas por el caso de la muerte de 39 migrantes a causa de un incendio en una estancia migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez. Anuncian la detención de cinco personas y prometen justicia por las víctimas del suceso.
El Gobierno mexicano no proporcionó los nombres de los sospechosos que habían sido detenidos, pero afirmó que se habían obtenido órdenes de aprehensión para tres funcionarios gubernamentales de migración, dos trabajadores de seguridad privada y un migrante acusado de iniciar el incendio. La sexta persona acusada aún no había sido detenida.
Por su parte, la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, informó de que a los detenidos se les imputan los delitos de homicidio doloso y lesiones.
Asimismo, la funcionaria anunció que buscarán revocar el permiso e imponer una multa al Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., la empresa de seguridad que prestaba servicios en la estación migratoria de Juárez.
El incendio del lunes ya recibió la valoración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien en un primer momento atribuyó a los migrantes la responsabilidad del origen de las llamas, ocasionadas, según él, después de que prendiesen un colchón en protesta por una supuesta deportación futura.
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