Se estima que cada año entran en el país alrededor de medio millón de armas ilegales, el 70 % de las cuales proviene de Estados Unidos. En 2021, estas armas estuvieron involucradas en más de 17.000 asesinatos.
El pasado mes de agosto, México demandó a 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses por prácticas comerciales negligentes que incentivan la violencia en el país.
Según el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio, las empresas de armas estadounidenses venden sus armas a quien quiera comprar sin importarles su posterior uso.
“Y en este caso, el modelo de negocios de estas empresas en los Estados Unidos es venderle a quien quiera comprar”, incluidos “prestanombres, delincuentes, miembros del crimen organizado y demás”, aseguró Celorio.
Por su parte, estas empresas argumentan que no tienen el deber legal de proteger al Gobierno mexicano de criminales que abusan de esas armas.
Hasta el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, reconoció por primera vez la responsabilidad de su país en el trasiego de armas.
“Es responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos —como lo ha dicho el presidente Biden— que estas armas están viniendo los Estados Unidos”, precisó el diplomático estadounidense durante el anuncio del acuerdo de entendimiento Bicentenario, una nueva ruta en materia de seguridad entre EE.UU. y México, que pone fin a la Iniciativa Mérida.
Otro problema relacionado con el tema en cuestión es que a México también entran armas por piezas y según relata el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Miguel Garza “en algunos lugares en Guanajuato hay herreros que ensamblan armas y las rentan a grupos criminales. Ellos cometen sus delitos y luego las regresan”. Recalca que se trata de armas que no tienen huella balística ni registro.
En los 36 primeros meses de la actual administración se han cometido 106 612 homicidios con arma de fuego en México. Si se comparan con los 36 últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, significan un 24 % de aumento.
Se trata de armas que llegan a manos de cárteles mexicanos, incluso, como moneda de cambio para enviar droga a Estados Unidos. En ese intercambio, la vida de miles de familias queda destruida. “Ya no se vive, se sobrevive solamente, sí”, admite una activista y familiar de víctima, Amalia Hernández.
Un ejemplo de la alta inseguridad es la que ocurre en el estado de Guanajuato. En solo dos días, fueron ejecutadas 36 personas en 6 lugares distintos. Ante este panorama, el presidente de México asegura que su gobierno no está de brazos cruzados ni le ha dado la espalda al problema.
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