De acuerdo con el reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los más de 123 millones de dólares que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017. Solamente el 22 por ciento de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi 54 millones de dólares de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.
Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, el que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa, indica que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla, indicó el IMCO.
Mientras todo esto sucede, la creación y el nombramiento de una fiscalía y su fiscal para combatir la corrupción sigue pendiente.
Hiram Hurtado, Ciudad de México.
xsh/rba
