El Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma que modifica la estructura del sector eléctrico y abre a la participación privada áreas como transmisión, distribución y comercialización. Pero antes de la votación, legisladores denunciaron haber recibido llamadas desde la embajada de Estados Unidos para promover su respaldo.
Los cuestionamientos trascienden la votación y apuntan al peso que mantiene Washington sobre decisiones internas de Honduras. Desde el Congreso, sectores opositores a la reforma sostienen que la política energética debe responder a intereses nacionales y no a presiones externas.
La reforma también modifica el escenario económico del sector. La generación eléctrica ya cuenta con una amplia participación privada, mientras la nueva legislación amplía las posibilidades de inversión en otras áreas que hasta ahora permanecían bajo mayor control estatal.
El debate alcanza además las consecuencias futuras de las concesiones que puedan surgir bajo el nuevo modelo. Aunque una próxima administración podría modificar nuevamente la legislación, los contratos suscritos con empresas extranjeras podrían resultar mucho más difíciles de revertir.
La reforma abre así una nueva etapa para el sistema eléctrico hondureño, mientras continúan los cuestionamientos sobre los intereses que rodearon su aprobación. Para sus críticos, la controversia trasciende el futuro de la ENEE y coloca nuevamente en debate la soberanía de Honduras sobre decisiones estratégicas y recursos nacionales.
Daniel Sierra, Tegucigalpa, Honduras.
yzl/msm
