El Congreso hondureño aprobó una ley que permite aplicar regímenes penitenciarios de máxima seguridad incluso a personas sin condena. La normativa amplía las facultades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que puede determinar qué organizaciones son consideradas terroristas.
Washington felicitó al Gobierno de Nasry Asfura por declarar terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. Pero el respaldo estadounidense coincide con advertencias sobre la amplitud de las nuevas medidas y sus posibles efectos sobre quienes cuestionan al Gobierno.
Las advertencias coinciden con el proceso judicial contra Melvin Cevallos, dirigente de Libre acusado de coacción y amenaza electoral por una protesta de 2025. Su defensa rechaza los cargos y denuncia persecución política. El caso es anterior a la nueva legislación.
La Fiscalía sostiene que Cevallos obstaculizó un procedimiento electoral. El dirigente, que enfrenta el proceso en libertad, rechaza las acusaciones y considera que su situación refleja los riesgos para quienes participan en movilizaciones sociales.
La legislación ya está vigente. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta contra el crimen organizado, organizaciones de derechos humanos advierten que su aplicación podría profundizar las restricciones de garantías constitucionales y abrir nuevos espacios para la persecución política.
Daniel Sierra, Tegucigalpa.
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