Las declaraciones cayeron a la sociedad guatemalteca como balde de agua fría, acompañado de la cúpula militar y policial, el vicepresidente de la república, la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación el presidente anunció la salida de la CICIG.
Morales advirtió que durante los once años que ha permanecido la CICIG en Guatemala han existido serios abusos en contra de ciudadanos guatemaltecos y que por ello tomaba la decisión.
Sin embargo en las calles las opiniones son completamente distintas.
En 2017, el mandatario declaró non grato al comisionado Iván Velázquez luego que se conociera que la CICIG junto al Ministerio Público investigó a su hijo y hermano hasta hoy involucrados en actos de corrupción y con procesos penales abiertos pero la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se revirtiera esa decisión, esta vez no solo es el comisionado sino la institución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su conjunto que debe abandonar el país en septiembre de 2019, a nivel internacional habrá consecuencias.
Desde 2015 tanto el Ministerio Público como la CICIG han llevado a la cárcel a por lo menos 800 guatemaltecos involucrados en hechos de corrupción, funcionarios, exfuncionarios, empresarios, políticos, militares, de hecho los tres últimos presidentes de Guatemala enfrentan procesos penales, incluyendo a Morales, por ello la CICIG ya no es bienvenida al país.
Aunque aún no se pueden dimensionar las repercusiones tanto a nivel nacional como internacional analistas y sociedad civil coinciden en que Guatemala está perdiendo la oportunidad de erradicar uno de los males históricos más nefastos para la sociedad guatemalteca, la corrupción.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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