• El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una rueda de prensa en Barcelona, 19 diciembre de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: jueves, 19 de diciembre de 2019 15:41

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condena a 18 meses de inhabilitación al presidente catalán, Quim Torra, por un delito de desobediencia.

De hecho, la sentencia del TSJC acusa a Torra de negarse a cumplir una orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar, en plena campaña electoral, los lazos amarillos, es decir pancartas a favor de los políticos independentistas presos del balcón del Palau (Palacio) de la Generalitat, sede del gobierno regional.

Efectivamente, la JEC había ordenado en dos ocasiones, el 11 y 18 de marzo, a Torra la retirada de los lazos amarillos, una orden que si bien no fue acatada por el mandatario catalán por considerarlo de “ilegal”.

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El fallo, del mismo modo, impone a Torra la pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros, lo que suma 30 000 euros (más de 33 000 dólares), y el pago de las costas procesales, a excepción de las derivadas de la acusación popular.

 

Nada más conocerse la sentencia, Torra ha comparecido en la sede de la Generalitat, desde donde ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo de España (TSE), aunque también ha expresado su “nula” confianza en la justicia española.

Tengo “nula confianza en la justicia española después de haber contemplado el juicio político en el Supremo”, ha dicho.

De hecho, el Tribunal Supremo de España será el órgano que dictará la sentencia definitiva y en caso de confirmar la resolución del TSJC, Torra podrá ser apartado de su cargo de la Presidencia de la Generalitat.

Torra, del mismo modo, ha tachado la sentencia de una “desproporción de un Gobierno que quiere poner y quitar presidentes de Cataluña”. Asimismo, ha exigido que se declare nulo el juicio del procés, así como la salida de los presos políticos indepedentistas.

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En su denuncia, el dirigente catalán ha vuelto a deplorar la decisión en octubre del TSE de condenar a entre nueve y 13 años de prisión a varios políticos por su papel en el referéndum de autodeterminación, lo que sigue provocando desde entonces protestas antigubernamentales.

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