La Administración del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, les acusa de “rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia del Estado”. Sin embargo, los mismos independentistas niegan cualquier violación, señalando que la declaración de independencia fue el cumplimiento del mandato democrático.
La Corte Suprema de España planea perseguir a 25 líderes independentistas catalanes por dichos delitos, que contemplan penas de hasta 30 años de prisión. Además, ha activado las órdenes internacionales de arresto de siete políticos que han salido del país.
El primero en la lista es Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, quien fue arrestado el domingo en Alemania mientras se dirigía a Bélgica desde Finlandia y ahora está recluido a la espera de la decisión final de Berlín sobre su extradición.
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