“Son reformas diseñadas para criminalizar la protesta social, al migrante y a la solidaridad con ellos, a los colectivos en situación de vulnerabilidad social, a la libertad de expresión… Son reformas diseñadas en contra de la ciudadanía organizada que lucha por la defensa de los derechos humanos, la sanidad, la educación o el medioambiente”, denuncia el manifiesto de No Somos Delito contra la nueva legislación española.
“Ni la Ley de Seguridad Ciudadana ni la reforma del Código Penal son aceptables en un Estado social y democrático de derecho y no las vamos a tolerar”, manifestó en la protesta de la capital española, Madrid, una portavoz de la plataforma convocante, ‘No Somos Delito’.
A la manifestación de Madrid acudieron entre uno y dos millares de personas, muchos de ellos disfrazados de diversas maneras, por coincidir la protesta con los carnavales tradicionales en algunos puntos de España —además de la fiesta anglosajona de San Valentín—.
Una de las pancartas principales hacía burla con un “Je suis MORDAZA” de la hipocresía de los líderes occidentales que participaron en la “marcha republicana” del 11 de enero en París (capital francesa), tras el brutal atentado contra el semanario ‘Charlie Hebdo’.
Los portadores de la pancarta llevaban máscaras que representaban al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a su homólogo francés, François Hollande, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la canciller alemana, Angela Merkel, entre otros.
En su actuación, los supuestos protectores occidentales de la libertad de expresión increpaban a quienes encontraban a su paso mandándolos callar y acusándolos de “delincuentes” si no lo hacían.
Además de Madrid, se produjeron protestas en Alicante, Almería, Bilbao, Gijón, Granada, Ibiza, Logroño, Málaga, Murcia, Pamplona, Salamanca y Santiago de Compostela, e incluso en ciudades de otros países como Bristol (Reino Unido), Dublín (Irlanda), Estrasburgo (Francia), Lima (Perú), París (Francia) y Stuttgart (Alemania).
Las modificaciones legales de la Ley de Seguridad Ciudadana —que tramita actualmente el Senado español— y la reforma del Código Penal español han sido muy criticadas por imponer cuantiosas multas por modos de protesta que hasta ahora venían siendo muy comunes.
Los partidos Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Amaiur, Equo-Compromiso, Bloque Nacionalista Gallego, Nueva Canarias y la coalición Geroa Bai se han comprometido a derogar la ley en caso de llegar al Gobierno.
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