Nadie ha sido juzgado por una masacre ordenada por las autoridades y ejecutada por la policía contra partidarios del expresidente Mohamad Mursi.
En el verano de 2013, el Ejército egipcio y la policía disolvieron brutalmente las sentadas en las que miles de personas exigían el retorno del recién depuesto presidente Mohamad Mursi. Perdieron la vida 1150 manifestantes según la HRW, 624 siguiendo cifras más conservadores publicadas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Los allegados de las víctimas todavía claman contra los responsables.
Efectivamente existen denuncias dirigidas contra quienes hoy gobiernan el país, incluido el entonces líder de las Fuerzas Armadas y actual jefe de Estado, Abdel Fatah al-Sisi. Junto a los muertos y a los heridos, se cuentan además numerosas desapariciones que han sumido a las familias en un calvario que dura ya tres años.
En los meses posteriores a la matanza los medios de comunicación locales fueron eco de un discurso aún patente, encaminado a deshumanizar a los Hermanos Musulmanes y a los partidarios del Mursi. El oficialismo tachó a los manifestantes de terroristas justificando con ello las muertes y dejando a quienes buscan a los desaparecidos en una situación de desamparo.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pidió el sábado que se inicien investigaciones sobre la matanza de Rabaa para depurar responsabilidades. La ONU aboga para ello por la creación de un Comité Internacional independiente.
Rocío López, El Cairo.
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