En específico, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) tienen recopilada una lista de los activistas y reporteros activos en la frontera de San Diego, en el estado de California (suroeste de EE.UU.), y llevan a cabo varios tipos de acciones para frenar su labor, indica un informe publicado este viernes por la página web The Intercept.
Lo más alarmante, revelan documentos, es el hecho de que las autoridades estadounidenses han acusado a gran parte de estas personas de estar involucrada en el contrabando de los migrantes de México a Estados Unidos.
Del mismo modo, asegura el medio, tanto el CBP como el DHS temen que los aludidos colectivos revelen los delitos y prácticas ilegales de los responsables de fronteras contra los migrantes, de ahí que traten de criminalizarlos.
Además, interrogaron en ocasiones a activistas de derechos humanos y les obligaron a dar información sobre sus colegas y comunicadores sociales para abrir causas en su contra y paralizar su trabajo.
Huyendo de la pobreza, decenas de miles de personas intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cada año y son, en muchas ocasiones, víctimas de malos tratos de agentes de seguridad de ambas partes y, en especial, de la parte estadounidense.
La llegada al poder del presidente Donald Trump en el año 2017 también ha empeorado la situación, ya que él tiene posturas en contra de los inmigrantes y propone políticas que hacen difícil la llegada de refugiados a Estados Unidos.
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