No habrán entrevistas: de esta forma el personal de la oficina del representante republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, recibe a constituyentes y prensa. Aquí no hay ni secretos, ni pedidos especiales. Al contrario: se solicitan transparencia, responsabilidad y representatividad.
Tras un breve intercambio, ingresa un grupo, pero sólo para salir a los pocos minutos. A otros, como esta madre de familia, les hicieron ‘oídos sordos’. Educación, salud, incluso la tragedia migratoria, todo ello sujeto a modificación sin previo aviso.
Bajo una nueva Administración, los servidores públicos (republicanos y demócratas) hacen presupuesto en base a las demandas del Ejecutivo. Así, se le ha concedido 1,600 millones de dólares al presidente de EE.UU., Donald Trump, para construir un segmento de 22 kilómetros de su célebre muro. La extensión fronteriza, sin embargo, es de 3145 kilómetros. Mientras, activistas hablan de otras necesidades más urgentes.
Una gran parte de los constituyentes vive con una frecuente y preocupante interrogante que busca indagar para ¿quiénes realmente trabajan los legisladores democráticamente elegidos? Y por supuesto, a las preguntas, siguen las deducciones lógicas y esto es lo que nos dicen.
Analistas creen que el proceso político actual adolece de tendencias oligárquicas. Más importa satisfacer los compromisos de los contribuyentes corporativos a las campañas.
En suma, tiempos extraños: las instituciones sociales y políticas van perdiendo terreno. Puede que sea la letra minúscula que nadie leyó en el contrato democrático.
Marcelo Sánchez, Miami.
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