“El plan genocida es afectar, aún más, la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y acusar al Gobierno cubano de ineficacia. Buscan el estallido social”, ha fustigado este viernes el mandatario cubano.
En un discurso ofrecido con ocasión del 66 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, que representa el inicio de la Revolución Cubana, Díaz-Canel ha arremetido duramente contra el Gobierno estadounidense, que ha adoptado una política de bloqueo y cerco hacia La Habana.
“Con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo, hoy se trata de impedir por todos los medios el arribo a puertos cubanos de los tanqueros, amenazando brutalmente a compañías navieras, a gobiernos de los países donde están registrados los buques y a las empresas de seguro (…)”, ha repudiado.
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El presidente cubano ha denunciado, en este sentido, los intentos “agresivos” de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para impedir la llegada de combustible a la mayor de las Antillas.
El plan genocida es afectar, aún más, la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y acusar al Gobierno cubano de ineficacia. Buscan el estallido social”, ha fustigado el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.
Washington intenta robar “el agua, la luz y hasta el aire” a Cuba para obligar a la isla a aceptar una posible reconciliación a cambio de que “eche a la basura 60 años de dignidad”, ha advertido el mandatario.
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“La Revolución necesita ahora que demos la gran batalla por la defensa y por la economía, que le rompamos al enemigo el plan para destrozarnos y asfixiarnos”, ha resaltado.
Desde 1960, Washington mantiene un férreo bloqueo contra Cuba y ha impuesto diversas sanciones a esta nación caribeña, pero en 2015 el expresidente estadounidense Barack Obama, inició un proceso de distensión que se ha visto frenado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017.
En línea con esa política de presión hacia La Habana, Washington activó en mayo el Título III de la ley Helms-Burton, que autoriza a los cubanos exiliados en EE.UU. y a las empresas de ese país a demandar a quienes se beneficiaron de las nacionalizaciones hechas tras la victoria de la Revolución cubana en 1959.
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