“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos”, lamentó el domingo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A su juicio, este fenómeno afecta también los principios de la democracia porque se trata de la eliminación de unas personas que luchan por los derechos y las inquietudes del pueblo.
Camargo ha expresado su esperanza de que los diálogos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales terminen en la disminución de las acciones criminales contra los líderes sociales.
Según informes, en 2016 se registró 133 asesinados, en 2017 la cifra llegó a 126, en 2018 a 178, en 2019 fueron 134, para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales.
La mitad de los homicidios en 2023 se han registrado en cinco departamentos, donde los grupos armados ilegales están más activos, es decir, Nariño (35), Cauca (26), Antioquia y Putumayo (22) y Valle del Cauca (12).
De 215 atentados mortales registrados en 2022, la mayoría de los casos fueron dirigidos contra los dirigentes comunales, indígenas, comunitarios, campesinos o líderes agrarios.
La ONG Human Rights Watch (HRW) afirma, por su parte, que la violencia en el país suramericano aumentó en el 2022 y podría seguir su tónica en 2023.
El Gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, pero la falta de implementación del pacto durante la gestión del predecesor de Gustavo Petro, el presidente Iván Duque, hizo disparar la violencia en el país; que parece se podría revertir con la iniciativa del actual mandatario izquierdista.
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