• Mineros son detenidos brevemente e interrogados en una mina de oro ilegal en Pará, Brasil, 5 de noviembre de 2018. (Foto: Reuters)
Publicada: sábado, 22 de agosto de 2020 7:43

El procurador de Brasil denuncia que un avión militar fue utilizado inapropiadamente para trasladar a un grupo ilegal de mineros y “criminales” en la Amazonía.

A través de un comunicado emitido el viernes, la Fiscalía del gigante suramericano afirmó que mineros ilegales del estado de Pará, en el norte de Brasil, fueron llevados hasta Brasilia en un avión militar inicialmente destinado a combatir delitos ambientales.

La nota reza que durante la primera semana de este mes en curso, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) envió aviones a la localidad de Jacareacanga para apoyar una operación contra delitos ambientales en las tierras indígenas Munduruku y Sai Cinza.

“Para el Ministerio Público Federal (MPF), al transportar criminales, puede haberse constituido un desvío de finalidad, ya que la presencia de la Fuerza Aérea Brasileña en la región tenía por objetivo apoyar una operación contra crímenes ambientales (…) la operación no se realizó y uno de los aviones de la FAB sirvió para transportar mineros ilegales hasta Brasilia”, se lee en el texto.

Tal y como indicó la Fiscalía de Pará, la Fuerza Aérea aseguró que una de sus aeronaves trasladó líderes indígenas para reunirse con el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Sin embargo, mediante una carta dirigida al MPF, indígenas mundurukus negaron esa versión.

 

“El grupo llevado a Brasilia estaba formado por siete personas que defienden los intereses de los mineros ilegales y participan en la explotación ilegal de minería en la Tierra Indígena Munduruku”, según la misiva citada por la Fiscalía.

La FAB realiza tales alegatos mientras el titular de Medio Ambiente visitó la zona donde debía realizarse el operativo un día antes del traslado de los mineros ilegales.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó un controvertido proyecto de ley que reglamenta la explotación de recursos hidráulicos y la extracción de minerales en tierras indígenas, lo que para ecologistas y originarios supone “un genocidio institucionalizado”.

Los ambientalistas enfatizan que este proyecto acelerará aún más la deforestación de la Amazonía, donde ya aumentó un 85 % en el primer año de Gobierno del mandatario ultraderechista, quien fue criticado en todo el mundo por su gestión de los incendios de esta selva el año pasado.

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