“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo [de auditoría electoral] con la OEA y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó, […] expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país”, dijo el lunes el Ministerio boliviano de Asuntos Exteriores mediante un comunicado.
De este modo, la nota reacciona a una declaración de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), que días antes refutó una pericia informática de la Universidad de Salamanca (España), según la cual era improbable un fraude electoral en Bolivia en 2019.
Conforme alega la oficina electoral de la OEA, el informe de la Universidad de Salamanca tenía “errores y omisiones” y resultó de una base de análisis limitada que era insuficiente para poner en duda los “hallazgos” de una auditoría electoral hecha por la OEA en 2019, pocos días después de las elecciones en Bolivia.
Ante tal coyuntura, la Cancillería boliviana afirmó que Almagro incurre de nuevo en un atropello contra la soberanía de Bolivia; es más, añadió, practica la injerencia en los asuntos internos del país andino con la intención de “coordinar procesos de desestabilización”.
La nota pide a la comunidad internacional que esté alerta ante la OEA y denuncia la conducta unilateral del secretario general del organismo hemisférico.
La Cartera ratificó la validez e importancia del peritaje de la Fiscalía General boliviana a la Universidad de Salamanca, asegurando que fue “realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación”.
Tras el triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2019, la oposición no aceptó el resultado e inició una serie de protestas, con el apoyo de jefes policiales y militares, por lo que el mandatario renunció para evitar el derramamiento de sangre en las calles.
Morales denuncia que los hechos de 2019 en su contra constituían un golpe de Estado orquestado por la oposición, respaldada por la OEA y EE.UU., que afirmaron en aquel entonces que se cometió un supuesto fraude en las elecciones bolivianas.
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