La Junta de Libertad Provisional del Tribunal de Nazaret situada en el norte de los territorios ocupados ha decidido este martes por dos votos en contra y una a favor, que Juana Ruiz Sánchez debe permanecer en prisión hasta mediados de mayo y cumplir íntegramente su condena.
Ruiz fue reconocida culpable por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina, que Israel considera ilegal y fue condenada el pasado 17 de noviembre por un tribunal militar a 13 meses de cárcel tras haber aceptado un acuerdo judicial de culpabilidad a fin de ver reducida su condena, según las fuentes diplomáticas.
Las alegaciones de la defensa sobre la edad de la cooperante española, de 63 años, así como las enfermedades crónicas por las que está medicada, no han sido tenidas en cuenta. En este sentido, el abogado de Ruiz, Avigdor Feldman ha informado que presentará una apelación sobre la petición de libertad condicional en la semana que viene.
De acuerdo con los medios locales, a pesar de la asistencia de un representante de la embajada de España ante el régimen de Tel Aviv, la referida sesión fue celebrada a puerta cerrada.
Según la sentencia impuesta y dado el tiempo que lleva cumplido, la cooperante española cumplirá su condena en mayo del próximo año y será liberada tras pagar la mitad de una multa de 14 000 euros, determinada por el tribunal militar de Ofer en Cisjordania ocupada.
“Todo en este caso es político”, declaró el abogado de Juana Ruiz Sánchez tras conocerse la sentencia, Feldman añadiendo “Se ha intentado manipularlo para justificar la ilegalización de las ONG palestinas defensoras de los derechos humanos” https://t.co/pNCFcwi0Zq#LibertadJuana
— FreedomForJuana (@freedomforjuana) November 18, 2021
Ruiz, casada con un hombre palestino, fue detenida por 20 soldados israelíes el pasado 13 de abril en su casa, cerca de la ciudad de Beit Lahm (Belén), en la ocupada Cisjordania, bajo la acusación de colaborar con los Comités de Trabajo para la Salud, una entidad sin ánimo de lucro palestina declarada ilegal en 2020 por Israel.
Al principio, le acusaron a Ruiz de implementar en cinco cargaos, pero más tarde con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se redujeron a dos, a saber, “prestar servicios a una organización ilegal” y “recibir dinero e introducirlo ilegalmente” en Cisjordania.
Pasa casi ocho meses de su detención (en la actualidad está internada en una prisión reservada a mujeres activistas palestinas en el norte de Israel) y la cooperante española solo ha podido unas pocas visitas familiares en la cárcel.
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