“Las autoridades israelíes demolieron o incautaron 26 estructuras de propiedad palestina en la Zona C y el este de Jerusalén (Al-Quds), desplazando a 42 personas, de las cuales 24 eran niños, y afectando a unas 120”, publicó en tono de crítica la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en su “informe sobre la protección de los civiles”, que abarca el período comprendido entre el 2 y el 15 de marzo.
El cuerpo perteneciente a la ONU precisó que 17 de las demoliciones y todas los desplazamientos forzosos de los palestinos fueron registrados en el Área-C que consiste en el 60 por ciento de Cisjordania que está bajo la ocupación israelí.
Según la OCHA, las demoliciones se llevaron a cabo con el pretexto de la falta de permisos legales de construcción en la zona. El régimen de Israel condiciona levantamiento de nuevos edificios palestinos en la aludida región con obtener tales permisos de las órganos israelíes, pero la verdad es que adquirir semejante documento es más que imposible.
Es más, durante el mismo periodo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo 193 operaciones de arresto en Cisjordania y detuvieron a 172 palestinos, incluidos 15 niños. En Ramalá se registró el mayor número de operaciones (48), da a conocer el reporte.
Según otro informe presentado el martes por la misma oficina de las Naciones Unidas, en lo que va de año, el promedio mensual (en febrero) de las viviendas palestinas destruidas en Cisjordania (117) representa un aumento del 65 por ciento en comparación con el mismo promedio de 2020 (71).
Desde su creación ilegal en 1948, el régimen israelí ha destruido cerca de 166 000 viviendas palestinas, dejando sin hogar a alrededor de un millón de personas, de acuerdo con la información proporcionada en octubre de 2020 por el Centro de Investigación de las Tierras, organización afiliada a la Asociación de Estudios Árabes en Al-Quds.
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