Fernández acusó el lunes al Gobierno saliente de Mauricio Macri de haber gestado un plan en su contra para desestimar su gestión ante la Presidencia de la nación argentina mientras enfrenta cargos que la vinculan supuestamente con asociación ilícita, blanqueo y desviación de fondos del Estado, por lo que enfrenta a partir del 2 de diciembre la indagatoria de un proceso judicial.
La expresidenta argentina declaró el mismo lunes ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires por las presuntas irregularidades en 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz.
La declaración en el estrado se preveía que fuera transmitido en vivo, no obstante, Fernández informó que le fue negada la solicitud tras una orden de los magistrados de la corte.
“Si alguien tenía duda de la existencia de lawfare (guerra jurídica), o no sabía de qué se trataba, la negativa de transmitir la audiencia es una muestra de la práctica del lawfare en Argentina. Se trata de perseguir a dirigentes políticos (…) El Gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso o quién no”, dijo Fernández.
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Si alguien tenía duda de la existencia de lawfare (guerra jurídica), o no sabía de qué se trataba, la negativa de transmitir la audiencia es una muestra de la práctica del lawfare en Argentina. Se trata de perseguir a dirigentes políticos (…) El Gobierno (de Mauricio Macri) que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso o quién no”, denuncia la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
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De hecho, ironizó con las acusaciones que se han formulado contra ella en este y otros casos. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. La verdad, no sé cómo tuve tiempo para gobernar. Me la pasé creando asociaciones ilícitas”, declaró.
Al mismo tiempo, denunció que, con un plan anterior, el Gobierno saliente publicó mentiras, difamaciones y descalificaciones en su contra. “Todo este plan fue ideado para una feroz e inédita persecución”, sostuvo.
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