“Un acuerdo validaría el tipo de litigios predatorios que han aumentado durante la última década. Estos acuerdos dificultarán la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Estas no son buenas noticias para los intentos de resolver la crisis de la deuda en forma oportuna y de una manera sensible a los derechos humanos”, criticaron el miércoles los expertos del CDHNU Juan Pablo Bohoslavsky y Alfred de Zayas.
Su afirmaciones se produjeron la misma jornada en la que el Gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, anunció cerrar nuevos preacuerdos con acreedores para pagar la deuda en default por más de 190 millones de dólares.
Un acuerdo validaría el tipo de litigios predatorios que han aumentado durante la última década. Estos acuerdos dificultarán la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Estas no son buenas noticias para los intentos de resolver la crisis de la deuda en forma oportuna y de una manera sensible a los derechos humanos”, criticaron los expertos del CDHNU Juan Pablo Bohoslavsky y Alfred de Zayas.
"Estoy muy complacido de informar que la República de Argentina continúa alcanzando principios de acuerdo con tenedores de bonos en default, grandes y pequeños", afirmó el miércoles el mediador designado por los tribunales estadounidenses, Daniel Pollack, en un comunicado emitido en Nueva York (noreste de EE.UU.).
Según el mediador, los nuevos preacuerdos son por "más de 190 millones de dólares", que se enmarcan en la oferta presentada el pasado 5 de febrero por la nueva Administración argentina para pagar 6500 millones de dólares, sobre un total de 9000 millones, a fondos especulativos y otros acreedores.
El principal preacuerdo sellado hasta el momento fue el 29 de febrero con los dos principales fondos "buitre", NML Capital y Aurelius, así como con otros dos grupos, a los que Argentina pagará 4653 millones de dólares.
El Frente de Izquierda del país sudamericano reclamó el martes una “consulta popular vinculante” para que el pueblo sea el que convalide o rechace el acuerdo que selló el Gobierno con los acreedores europeos.
“No queremos que el pueblo trabajador sea un mero espectador de la escena”, dijo la diputada nacional Myriam Bregman al advertir que los trabajadores serán los más perjudicados por el acuerdo, que definió como “una profunda entrega nacional de proporciones, con una deuda ilegal e ilegítima”.
“No vamos a aceptar que esto se discutió en la campaña electoral”, reaccionó la también exaspirante a la Presidencia de Argentina del partido FIT, quien hizo campaña por el voto en blanco.
Argentina mantiene un litigio con dichos fondos: estos exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York, según la cual, debería pagar 1330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.
El Gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se negó a aceptar el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, calificando de “buitres” dichos fondos especulativos por haber comprado bonos en default a precio de remate para recuperar su valor nominal por vía judicial.
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