Mediante un mensaje emitido en Twitter, la Comisión Nacional Anticorrupción de Arabia Saudí, conocida como Nazaha, anunció el sábado la realización de 3207 rondas de seguimiento durante el último mes y las investigaciones contra 116 sospechosos, incluidos empleados de los Ministerios de Interior, Salud, Justicia, Educación, Asuntos Municipales y Rurales, y Vivienda.
Entretanto, fueron arrestados 78 acusados de abuso de poder, soborno, falsificación y lavado de dinero, algunos de los cuales fueron puestos en libertad bajo fianza.
El llamado organismo anticorrupción de Arabia Saudí ha indagado muchos casos de corrupción durante los últimos años y detenido a cientos de empleados saudíes que trabajaban en varios departamentos gubernamentales.
El arresto de funcionarios saudíes acusados de corrupción financiera se produce, mientras que las autoridades saudíes no anuncian los detalles de los cargos contra estas personas.
The #Oversight_and_Anti_Corruption_Authority initiates a number of criminal and administrative cases during the month of Dhul Hijjah 1443H. pic.twitter.com/jiLuyjYC77
— Oversight and Anti-Corruption Authority (@nazaha_en) July 30, 2022
Las autoridades saudíes también han detenido a varios opositores en este país en varias ocasiones en los últimos años, con la excusa de luchar contra la corrupción.
De hecho, Muhamad bin Salman Al Saud, quien se convirtió en el príncipe heredero del reino y el rey de facto del país árabe en junio de 2017, ha llevado a cabo masivas purgas “anticorrupción” para consolidar su poder y marginar a todos sus posibles rivales políticos dentro y fuera de la familia real.
El joven príncipe saudí ha arrestado a los principales académicos musulmanes, empresarios, miembros de la realeza, mujeres activistas y abogadas de derechos humanos, además de despedir a un gran número de los altos funcionarios del régimen.
Mientras que el heredero del trono intenta silenciar a rivales y voces disidentes, bajo el disfraz de purga “anticorrupción”, él mismo está acusado de acumular una enorme riqueza, extraída del erario público, lo que ha llevado a muchos funcionarios judiciales a quejarse de una corrupción desenfrenada y el despilfarro de fondos públicos.
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