La encuesta publicada este lunes por el diario catalán La Vanguardia refleja un empate técnico entre partidarios y detractores de la independencia de Cataluña (nordeste) respecto a España: el 42,3 % votaría ‘sí’, el 41,9 % optaría por el ‘no’, el 9,9 % no lo sabe o no contesta y el 5,9 % no votaría en la supuesta consulta.
Un 59,1 % de los consultados quiere, no obstante, que el mencionado referéndum secesionista sea pactado con el Gobierno de Madrid, mientras que un 37,3 % prefiere que sea una consulta unilateral.
El 77,8 % de los catalanes no cree que el Gobierno de España haya cambiado su actitud respecto al proceso soberanista y el 72 % tampoco considera que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tenga algún plan concreto para ofrecer a Cataluña.
No obstante, para que exista un posible diálogo entre Barcelona y Madrid, el 52,8 % cree que el Gobierno español debería abandonar las actuaciones judiciales contra cargos electos, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el expresidente catalán Artur Mas.
Al preguntar sobre cómo acabará el proceso independentista, el 27,8 % cree que en una reforma constitucional, el 23,6 % dice no saberlo, el 16,4 % augura una interpretación de la actual norma y una negociación sobre la financiación catalana, el 16,2 % cree que Cataluña acabará siendo independiente y el 16,1 % opina que el proceso acabará sin cambios en el autogobierno de la Generalitat.
La encuesta se realizó entre el 2 y el 5 de enero a 601 personas a través de entrevistas telefónicas de entre siete y nueve minutos de duración.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont aseguró en diciembre del año pasado que el referéndum sobre la independencia se celebrará en 2017 “de manera indefectible” y que bastará el 50 % más uno de los votos a favor para declarar la autodeterminación de forma unilateral.
Contra estas afirmaciones, el Gobierno de España niega la posibilidad de que se realice tal consulta independentista. A este respecto el Tribunal Constitucional (TC) español acordó tramitar la petición del Ejecutivo central de que se anule la resolución del Parlamento sobre dicho referéndum.
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