En el texto presentado, la Fiscalía acusa a Mas de desobediencia grave y prevaricación por la consulta soberanista catalana del 9 de noviembre de 2014 y demanda la inhabilitación por diez años y una multa de unos 36 mil euros.
Además del expresidente de la Generalitat, la Fiscalía también reclamó ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era Consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Ambas fueron acusadas por desobediencia y prevaricación.
Es un honor para un soberanista ser procesado por los poderes españoles por poner las urnas (…) no somos delincuentes; somos demócratas”, dijo el expresidente catalán Artur Mas
En reacción a las acusaciones, Mas consideró "un honor· ser procesado por haber facilitado la celebración de un referéndum que dio la voz a la gente y le permitió manifestar su punto de vista sobre la soberanía catalana.
“Es un honor para un soberanista ser procesado por los poderes españoles por poner las urnas (…) no somos delincuentes; somos demócratas”, dijo el expresidente catalán durante una rueda de prensa celebrada para pronunciarse sobre el asunto.
Asimismo, reconoció que su procesamiento podría asustar a algunos soberanistas y demócratas y evitar que actúen a favor de la independencia de Cataluña y les pidió a ellos a actuar en el beneficio de Cataluña y “luchar por una democracia de calidad”.
“Hará falta coraje para convertir en decisiones políticas lo que quiere la gente. El coraje no es un discurso encendido o un tuit ingenioso -ha mantenido-; hace falta coraje real”, declaró.
Según muestran los resultados de una reciente encuesta, la mayoría de los catalanes apoya la idea de separarse de España y convertir a Cataluña en un Estado independiente.
En la consulta soberanista catalana más del 80 % de los votantes respaldó una Cataluña soberana e independiente y solamente el 4 % rechazó desmembrarse de España.
La celebración de dicha consulta fue duramente criticada por el Gobierno español.
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