“De conformidad con el comunicado de prensa del 11 de junio (...), reiteramos nuestro compromiso de defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin que se vea afectado por ninguna medida o amenaza contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella”, expresó un grupo de 67 países en un comunicado emitido el martes.
El comunicado, de este modo condenó la nueva decisión anunciada el 11 de este mes de junio por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer sanciones contra los funcionarios de la CPI, una decisión que se produjo después de que la CPI decidiera el pasado 5 de marzo lanzar una investigación sobre los soldados estadounidenses en Afganistán, así como por investigar a israelíes por abusos contra palestinos.
La intención de dicha investigación viene después de que un examen preliminar realizado por fiscales en el año 2017 encontró motivos razonables para creer que las tropas norteamericanas cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán.
En este sentido, el comunicado de los 67 Estados destacó el hecho de que la CPI es una autoridad judicial de último recurso y solo interviene cuando los Estados no están dispuestos o no pueden llevar a cabo genuinamente los procedimientos nacionales.
“Hacemos un llamado a todos los Estados para asegurar la plena cooperación con la Corte para que cumpla con su importante mandato de garantizar la justicia para las víctimas de los crímenes más graves de interés internacional”, expresó el texto.
Además de muchas críticas internacionales contra la mencionada decisión de Trump, la propia Corte dejó en claro que la medida tiene como objetivo socavar su imparcialidad.
Washington no ha ratificado el Estatuto de Roma de 2002, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios; la Casa Blanca ha alegado que este tratado puede comenzar enjuiciamientos motivados políticamente contra los estadounidenses.
La intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Afganistán, en 2001, encabezada por Washington, tenía supuestamente el objetivo de “luchar” contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, así como derrocar al grupo armado Talibán, lo que, de hecho, no ha realizado sino agravar la situación en el país asiático, que, transcurridas unas dos décadas de esta injerencia, es más inseguro que nunca.
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