En una emotiva visita el domingo a Senkata, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, se comprometió con las familias de las víctimas a encontrar a los responsables intelectuales y materiales de las muertes de 10 vecinos del lugar, ocurridas en noviembre de 2019.
“Vamos a hacer una investigación, vamos a encontrar a los culpables intelectuales y materiales”, dijo Arce cuando fue abordado por la presidenta de la Asociación de Víctimas, Gloria Quispe.
Quispe le refirió los suplicios sufridos por su familia y otras que perdieron a sus parientes durante la masacre, como la catalogó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos han dicho terroristas, maleantes”, agregó Quispe en referencia a las mentiras divulgadas por el gobierno de facto acerca de los hechos de sangre.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) lamentó la postura de las autoridades del actual gobierno interno respecto a la matanza de Senkata, y dijo: “son inhumanos, es gente que no quiere al pueblo, pero vamos a resolver eso”.
El 19 de noviembre de 2019, una semana después de que asumiera el mando del país la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, al amparo del Decreto Supremo 4078, intervino las movilizaciones en Senkata que cuestionaban al nuevo gobierno de facto y reivindicaban al dimitido presidente Evo Morales.
El saldo de esas acciones fue nueve fallecidos (el décimo murió días después), todos por impacto de bala. Pero, el ministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, deslindó responsabilidades y aseguró que efectivos del Ejército no dispararon “ni un solo cartucho”.
Y, como en el caso de la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre, el también ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que los movilizados se dispararon entre sí.
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