“Gobierno de Jeanine Áñez debe respetar independencia judicial y abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones”, según la organización pro derechos humanos.
En un comunicado publicado el viernes, Amnistía Internacional ha vertebrado su petición con el caso de la detención, ordenada por el gobierno, del juez Hugo Huacani, arrestado por la Policía poco antes de iniciar una audiencia para determinar las medidas cautelares contra el exministro de Salud Marcejo Navajas por un caso de corrupción en la compra de respiradores para pacientes de la COVID-19.
Criticando la detención del juez, la organización insiste en que la Fiscalía General de Bolivia debe realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención de Huacani y llevar ante la justicia a las personas sospechosas de ostentar responsabilidad penal por dicha actuación.
Aunque el juez ya está liberado, AI considera que la detención de Huacani fue “arbitraria” por estar fundada en el mero de desacuerdo de autoridades del gobierno de facto boliviano con una decisión judicial.
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— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 29, 2020
Dicha detención, insiste el organismo, podría “afectar la independencia del proceso judicial que permitiría esclarecer las responsabilidades penales por el presunto uso indebido de recursos destinados a garantizar la vida y la salud de pacientes en necesidad de cuidados”.
Amnistía Internacional, en relación con las Fuerzas Armadas de Bolivia, advirtió que es “un actor clave” en la represión de las protestas surgidas en noviembre pasado, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) cuya reelección no aceptó la oposición.
Tras la retirada de Morales, Áñez se autoproclamó presidenta interina del país, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y una brutal represión policial. Según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 35 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas por la actuación de las Fuerzas Armadas de Bolivia contra los manifestantes.
“Las autoridades respondieron de manera violenta ante las críticas, las protestas, escrutinio de medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros”, enfatizó Amnistía Internacional.
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