El martes, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, mediante una carta dirigida al exmandatario boliviano, acusó a Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS) de convulsionar el país, de “hacer política” y de impulsar el “negocio de la coca en Chapare, Cochabamba (centro del país)”.
El documento hacía referencia a las marchas multitudinarias del domingo, en las calles del país andino, en contra de la corrupción de las empresas estatales, el nepotismo y la incompetencia del gobierno de facto, al que exigían que pusiera una fecha para las elecciones.
Asimismo, los diputados del MAS, cuestionando la gestión el gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, sobre las imputaciones contra el depuesto mandatario, enfatizaron que dichas acusaciones buscan encubrir la inacción del gobierno de facto ante la crisis sanitaria provocada por el brote del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
“Son tantas las muestras de indignación, de queja, de bronca del pueblo, y un descontrol por parte del gobierno de facto, que no está pudiendo controlar todas esas demandas, esas quejas del pueblo, que empieza a echar la culpa al MAS”, criticó la diputada de la referida formación política Sonia Brito en una entrevista concedida el miércoles a Telesur.
De acuerdo con Betty Yañíquez, otra diputada del MAS, “la corrupción en el ministerio de defensa, la represión brutal de ayer en Cochabamba, a la cara, la violación de los derechos humanos, constantemente y día a día, el malestar de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la falta de capacidad de enfrentar esta pandemia”, son algunos de los problemas que pretende ocultar el gobierno de facto.
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En Bolivia se han sucedido constantes protestas desde el golpe de Estado de la oposición, con la connivencia de las Fuerzas Armadas, que forzó a la dimisión de Morales en noviembre de 2019 para “preservar la paz en su país”, y la instauración en el poder del gobierno de facto de Áñez, un gobierno que ha reprimido con dureza las marchas y autorizado a las Fuerzas Armadas a masacrar con impunidad al pueblo.
En medio de la pandemia de la COVID-19, que ha infectado a 2964 personas y dejado 128 muertos en Bolivia, abundan las críticas por la mala gerencia del gobierno de facto.
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