La expresidenta de Argentina ha acudido este martes a los tribunales federales de Buenos Aires (capital argentina) para declarar en una causa en la que está imputada por presunto lavado de dinero y cohecho cometidos, supuestamente, a través de la empresa familiar Los Sauces.
Fernández ha solicitado a la corte que su caso sea sobreseído, y, además de calificar de “descabellada” la imputación en su contra, se ha reservado el derecho a “acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes” para resolver este agravio.
El juez Claudio Bonadio, que investiga a Fernández, también ha citado a declarar, entre otros, a los hijos de la exinquilina de la Casa Rosada (2007-2015), Florencia y Máximo, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que igualmente están imputados en la misma causa.
La referida causa que investiga a Los Sauces comenzó en abril de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por Fernández, su marido, el expresidente argentino Néstor Kirchner, y Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En el exterior de las instalaciones judiciales se han reunido decenas de personas en apoyo a Fernández, quien, no obstante, les había pedido con anterioridad a la cita que, en lugar de ir a mostrarle afecto, fueran a participar en la movilización convocada, esta misma jornada, por la Confederación General de los Trabajadores (CGT), la central sindical más importante del país, contra las políticas neoliberales del Gobierno del actual presidente argentino, Mauricio Macri.
Por otra parte, la Justicia argentina tiene abierto otro procesamiento contra la expresidenta por su presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas por 2200 millones de dólares a un empresario durante su mandato.
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