• El presidente argentino, Mauricio Macri, espera en un coche tras una visita al Congreso de los Diputados español en Madrid, capital de España, 22 de febrero de 2017.
Publicada: jueves, 16 de marzo de 2017 0:30
Actualizada: jueves, 16 de marzo de 2017 3:37

El presidente argentino, Mauricio Macri, con solo 15 meses de gobierno, lleva a cuestas seis causas judiciales en su contra.

En 1993, por ejemplo, fue procesado por el delito de contrabando ante las irregularidades cometidas por el Grupo Macri, que encabezan él y su padre, en la exportación de vehículos, aunque luego fue exonerado por una desprestigiada Corte Suprema de Justicia.

Macri arrastra un largo historial de problemas con la Justicia. En la época en que desempeñó el cargo de gobernador de Buenos Aires (2007-2015) acumuló más de 214 causas judiciales como “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “amenazas y abandono de personas”, entre otras.

En diciembre de 2015, Macri se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir el cargo siendo procesado por la Justicia. En abril del 2016, con apenas cuatro meses en el poder, la investigación de los papeles de Panamá reveló que el mandatario argentino aparecía como director de dos empresas offshore (con ventajas fiscales) sospechosas de lavado de dinero.

 

En otra causa penal, la Justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos “buitre” (especuladores) y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado.

A fines del año pasado avanzó una nueva denuncia en su contra por haber autorizado que un plan de blanqueo de capitales incluyera a familiares de funcionarios, algo que había sido expresamente prohibido por el Congreso argentino.

También se abrió una causa por la firma de un Memorándum entre Argentina y Catar que contempla un fondo por 1000 millones de dólares y en el que se incluyen empresas offshore, manejos discrecionales y recursos de la seguridad social del país austral.

A ello se le suma otra investigación en la que al jefe argentino de Estado se le acusa de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la Administración Pública y tráfico de influencias.

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