La Corte Suprema de Justicia británica determinó el lunes devolver al Tribunal Comercial la disputa por el oro venezolano —valorado en unos 1600 millones de euros— retenido en el Banco de Inglaterra, tras aceptar en parte la apelación presentada por el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela.
“Dicha decisión violenta las normas del Derecho Internacional Público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido”, dijo el lunes la Cancillería venezolana en un comunicado en referencia al pronunciamiento judicial de la corte británica.
La nota carga contra la máxima instancia judicial británica por estar sometida a decisiones políticas del Ejecutivo, y denuncia que su decisión “deja en evidencia la falta de separación de poderes, de imparcialidad y, sobre todo, de actuación independiente de este órgano de justicia”.
El Ministerio de Exteriores venezolano acusó al Gobierno británico de intentar “robar descaradamente el oro de los venezolanos”, recurriendo a “un montaje político fraudulento, en complicidad” de la oposición extremista, encabezada por Guaidó.
La nota critica además al tribunal británico por desconocer a Nicolás Maduro como presidente electo y legítimo de Venezuela y recalca que el país suramericano es soberano y, por lo tanto, solo existe un presidente constitucional que se llama Nicolás Maduro.
La Cancillería tachó además de “sorprendente e irracional” la decisión de la corte británica y lamentó que negara al pueblo venezolano el acceso a sus recursos para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
El Gobierno de Maduro aseveró que mantendría utilizando los métodos jurídicos legítimos para recuperar los recursos internacionales que le pertenecen a su población.
¿En qué consiste la disputa?
La disputa legal sobre el control de las reservas de oro depositadas en la banca británica comenzó en mayo de 2018, luego de que Maduro fue reelegido en las elecciones presidenciales y la principal coalición opositora rechazó los resultados alegando que la votación era fraudulenta.
Posteriormente, el entonces canciller británico Boris Johnson sugirió que Londres podría respaldar los reclamos de la oposición venezolana y asfixiar la economía del país bolivariano a fin de poner zancadillas al Gobierno de Maduro.
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